CONSEJO

El Consejo Coordinador Empresarial de León hizo una propuesta a las autoridades municipales para dar una salida viable al conflicto que enfrenta respecto a la oposición de los ciudadanos al alza a las tarifas de transporte público y que derivaron en otras vertientes por la desatención oportuna al conflicto.
Los empresarios leoneses propusieron a las autoridades la creación inmediata de un Consejo Ciudadano de Movilidad que tengan entre otras facultades, la vigilancia y en su caso sancione el incumplimiento de los compromisos que asumieron los transportistas con las autoridades como condición para autorizar el alza al transporte público de la ciudad.
Este Consejo tendría a su cargo la vigilancia del acuerdo que ofrece renovar las unidades, ampliar la cobertura, incrementar las rutas, mejorar la calidad del servicio, garantizar la seguridad de los usuarios, apoyar a los adultos mayores en extrema pobreza, entre otros comprometidos por los concesionarios.
La posición del sector privado es que es mejor vivir en una economía real que reconozca los costos del transporte público y evite subsidios que terminan por distorsionar la realidad, además de que compromete los escasos recursos públicos y genera mayores costos sin dejar de reconocer que el impacto que tiene el alza autorizada al transporte, va a impactar de manera significativa la precaria economía de las familias leonesas.
Pero también se hace necesario que se cumplan los acuerdos de los empresarios del transporte porque la mayoría de las veces cuando se autoriza un incremento, los usuarios no perciben las mejoras a las que se comprometieron para conseguir mejores ingresos.
Otro punto que proponen los empresarios a las autoridades municipales es que deben difundir con mayor eficacia las razones que muestran la necesidad de incrementar las tarifas de transporte público para garantizar el servicio con calidad y regularidad que demandan más de 800 mil leoneses que utilizan a diario este sistema.
Si bien, las autoridades municipales ya abrieron la puerta a instalar una Mesa de Diálogo, aún no hay una agenda definida para determinar quiénes asistirían y cuáles serían los alcances porque el propio secretario del Ayuntamiento y quien presidió la Comisión Mixta Tarifaria, Felipe de Jesús López Gómez, aclaró que el alza a la tarifa no tendrá marcha atrás.
En la primera semana de enero el tema de las manifestaciones no se complicó porque han sido de manera ordenada pero a partir de este lunes, cuando regresen a clases los alumnos y la mayoría de los ciudadanos se reincorporen a sus actividades laborales, la situación se podría complicar porque no hay un mecanismo que facilite el diálogo entre autoridades y usuarios inconformes con las alzas.
Otros organismos como el Observatorio Ciudadano de León, también propusieron al municipio que sea sensible a la demanda de los ciudadanos y establezca un mecanismo que permita vigilar que se tenga tarifas de transporte justas con un sistema de transporte eficiente, adecuado, puntual, seguro, cómodo y que cubra las necesidades de los usuarios.
Incluso, su propuesta señala que es necesario que se conozca a fondo la situación del sistema de transporte público, en especial el negocio que representa para los empresarios concesionarios, en donde el papel de la autoridad es verificar que se cumpla todo aquello a lo que se comprometieron al pedir la autorización del incremento.
Si bien se rechazan los actos de vandalismo en las manifestaciones, el sector empresarial y los organismos de la sociedad civil esperan que una mayor apertura de las autoridades para abordar un tema complejo que más allá de las implicaciones políticas que pudiera tener, requiere de toda la atención para evitar mayores perjuicios a los leoneses que no están acostumbrados a los hechos que se registraron la semana pasada donde todos perdieron.

ANTICRISIS
Esta semana se realizará la reunión de Conago, donde los gobernadores de los estados analizarán junto con las autoridades federales las medidas anticrisis que serán aplicadas en 2017, año complejo y de gran incertidumbre por las recientes medidas anunciadas por el nuevo gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano como el aumento a las gasolinas.
El gobernador del Estado, Miguel Márquez, adelantó el fin de semana una serie de medidas de ahorro y austeridad ante la contracción económica que se avizora para el 2017, situación que será más complicada porque también se definirá la carrera en la sucesión presidencial del 2018.
La apuesta del gobierno del estado es invertir más en obra pública y desarrollo social junto con una disminución del gasto corriente y aquello que no genere valor agregado a los ciudadanos a través de los programas que fueron autorizados por el Congreso del Estado para el presupuesto de egresos 2017.
La medida de no aumentar impuestos a pesar de las duras restricciones al gasto público fue bien recibida por el sector empresarial, aunque en el camino podrían extenderse las medidas económicas para garantizar que los programas se destinen realmente a atenuar la crisis que anticipan los analistas privados y del sector público.
Un tema que no deben descuidar las autoridades estatales es mantener las finanzas públicas estables porque las nuevas condiciones financieras en el país va a propiciar que bajen las calificaciones crediticias, lo que va a encarecer el acceso al crédito y a encarecer el endeudamiento que tiene contraído el sector público.
Hay sectores económicos sensibles como el campo donde se optó por incrementar el presupuesto en alrededor de mil millones de pesos a fin de atenuar el impacto que tendrá el recorte federal y el alza de insumos en la producción de alimentos. Esto desactivará también las movilizaciones que regularmente se realizan entre los productores primarios por el encarecimiento de sus insumos en la producción y que lleva a tomar carreteras y aplicar otras medidas que desestabilizan la gobernabilidad en el Estado.
En materia de obra pública, se va a acelerar el gasto para evitar una caída en el empleo y derrama económica que genera este sector; al cierre del 2016 se aplicaron alrededor de mil 500 millones de pesos en las licitaciones que se realizaron y se entregarán los primeros 500 millones de pesos para evitar que se paralice la actividad.
El rubro social es otro de los sectores sensibles y ante el riesgo de recorte de los recursos federales, el gobierno estatal ofreció mantener obras de infraestructura como electrificación, pavimentación, drenaje y agua potable, ampliación de vivienda a fin de que los municipios mantengan la atención a los sectores de la población más vulnerables.
En el caso de las micro y pequeñas empresas, se anunciaron algunas medidas para apoyar el acceso a financiamiento barato a fin de apoyar los proyectos productivos de estas unidades económicas en un año complejo en materia financiera. También se diseñaron programas de apoyo financiero para el comercio local.
A estas medidas se podrán adicionar otras que ayuden al estado a mantener su dinamismo económico, aunque ya no habrá tasas de crecimiento observadas en los primeros cuatro años de la administración actual.
Solo hay dos asuntos pendientes que tienen que ver con el nuevo gobierno de Estados Unidos y que tendrán que definirse por las autoridades estatales, el tema de los migrantes que están amenazados por las nuevas políticas de repatriación que entrarían en vigor a partir de que tome protesta el presidente electo Donald Trump junto con las medidas comerciales que serán impuestas y que podrían tener un efecto en las exportaciones y la industria automotriz.
En este último tema, la semana cerró con la amenaza a General Motors y a Toyota, quienes han ratificado su compromiso de seguir con sus operaciones en México aunque en el camino la situación podría variar, todo depende de la presión que ejerza Donald Trump para obligarlos a cambiar sus planes de inversión en nuestro país.

REDES
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato tiene identificados a militantes de partidos políticos, miembros de diversas organizaciones y otras personas, 20 en total, por incitar a la violencia y vandalismo a través de cuentas en redes sociales en Guanajuato.
El Procurador Carlos Zamarripa Aguirre explicó que las investigaciones van a continuar, porque el fenómeno de pánico que se registró en esta ciudad fue provocado por este grupo de personas que aprovecharon el descontento social por el alza a los combustibles y el alza al transporte público de León.
Los cargos que serán formulados son daños, robo y pandillerismo, mientras que la primera medida que se aplicó fue la cancelación de 16 cuentas de redes sociales que fueron utilizadas por estas personas para alentar los actos de vandalismo que se registraron contra el transporte público de la ciudad y ante una sucursal bancaria ubicada en Plaza Wal-Mart en el bulevar Torres Landa. El sábado inició la audiencia de imputación a 19 personas que participaron en los hechos del miércoles y son acusados de daños, robo calificado, pandillerismo y asociación delictuosa.
Una aclaración importante que hizo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, es que la mayoría de estas personas que incitaron a la violencia, nada tienen que ver con quienes promueven las manifestaciones contra el alza del pasaje del transporte público.
Los transportistas estimaron los daños de las manifestaciones en casi un millón de pesos, mientras que falta determinar el monto de los destrozos causados a la sucursal bancaria donde la oportuna intervención de las corporaciones policíacas de la ciudad impidió que los daños fueran mayores.
En medio de esta controversia, los líderes de los movimientos de oposición al gasolinazo y el alza al transporte, volvieron a insistir ante las autoridades que deje de criminalizarlos, incluso se promovieron quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
El tema lo detonaron las autoridades municipales de León al señalar de manera particular a dos personas como las responsables de lo que pudiera pasar a las familias de tres funcionarios públicos, de quienes se difundieron sus domicilios particulares. El temor a que fueran a manifestarse a sus hogares los alarmó, por lo que inmediatamente salieron a dar su posicionamiento al respecto y evitar ser víctimas de conductas violentas por el descontento social que prevalece.
Las redes sociales fueron el campo de las movilizaciones de la semana pasada y las autoridades fueron incapaces de contener, por esa misma vía, de los mensajes que se convirtieron virales en pocos momentos. Las versiones falsas, en su gran mayoría, no fueron desactivadas a tiempo en las propias redes sociales que manejan las autoridades municipales y estatales.
A partir de este lunes continuarían los movimientos de oposición contra las medidas que adoptó el gobierno federal y municipal contra lo que se considera un duro golpe a la economía de las familias y habrá que esperar la capacidad de respuesta de las autoridades a lo que se ventile nuevamente en redes sociales.
Es evidente que la situación de caos y pánico extendida en las redes sociales rebasó a las autoridades porque en León no se han registrado actos de vandalismo como los observados en otras partes del país, pero la línea que investiga el gobierno federal coincide con lo encontrado por las autoridades estatales en redes sociales, fue una acción concertada para provocar pánico.
Así que a la audiencia de imputación de cargos contra 19 personas por daños a la sucursal de Santander el Wal-Mart se podrían sumar aquellas relacionadas con los actos de vandalismo contra el SIT y las que deriven de las investigaciones sobre el mal uso de redes sociales, donde se incitó al saqueo, aunque esto último no se logró consumar.