ALTERNATIVO
El presidente de la Coparmex Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez Hernández, defendió ayer la decisión del organismo cúpula del sector patronal para no firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar y planteó otro mecanismo que sí ayudaría a enfrentar las condiciones críticas que se esperan para el ejercicio fiscal 2017.

De entrada, el líder del sector patronal explicó que no firmó el Acuerdo propuesto por el gobierno federal porque no contempla medidas de fondo que ayuden a paliar la difícil situación económica que enfrentarán las familias mexicanas ante un nuevo escenario internacional y nacional.

Aclaró que no hay un rompimiento con las autoridades federales ni con otros organismos del sector privado que sí firmaron el Acuerdo, ya que su propuesta carece de metas y compromisos medibles, es más, mencionó que solamente se presentó un catálogo de buenas intenciones que será difícil evaluar y que son medidas que son una obligación de las autoridades aplicar en las políticas públicas.

Para impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno, el sector patronal propone eliminar por lo menos la mitad de los 37 programas sociales que están duplicados y que identificó una evaluación de CONEVAL, en donde se estima que en 2017 se gastarán alrededor de 200 mil millones de pesos.

Esta es una cantidad similar a la que obtendría el gobierno federal por el gasolinazo que anunció a partir del primero de enero de 2017, además de que se eliminaría el riesgo de que estos recursos se utilicen con fines clientelares de cara a la sucesión presidencial del 2018.

También se propuso hacer un mapa de ruta puntual con acciones detalladas para lograr tener un padrón único de beneficiarios de programas sociales a nivel federal y estatal, junto con la armonización de las legislaciones estatales en materia de mejora regulatoria y una ventanilla única a más tardar en 2018.

Agregó que también sería necesario aprobar la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales a fin de crear empleos más dignos; ahora los empresarios que otorgan prestaciones extras a sus trabajadores tienen que pagar más impuestos. En este mismo rubro, se propone un nuevo esquema de bonos de productividad que no tengan ninguna carga fiscal y vaya de forma inmediata al salario de los trabajadores.

Para mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica, la Coparmex propone establecer un Consejo Fiscal independientemente de la SHCP para evitar que la deuda aumente más cada año junto con la aplicación de verdaderos recortes al presupuesto, porque en el último año el gasto del gobierno federal creció casi un 6 por ciento a pesar del recorte aplicado en 2016.

Otra medida sugerida es evitar más aumentos en el precio de la gasolina porque existen recursos excedentes del IEPS y las ventas de petróleo. Tan solo en 2016 se recaudaron alrededor de 67 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado por este concepto y pudieran ser utilizados para reducir los precios de las gasolinas.

Para promover el estado de Derecho y el combate real a la corrupción, los patrones plantearon la necesidad de reducir la tasa de homicidios dolosos que se incrementaron un 21.5 por ciento el año pasado; reducir el robo de combustibles; aplicar sanciones fiscales a los estados que no cumplan con la implementación de los sistemas anti-corrupción y detener los recursos a las entidades que operan recursos de programas que tienen la mayoría de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por uso inadecuado de los recursos públicos.

El problema de aplicar este Acuerdo alterno que propone una parte de la iniciativa privada en México, es que el gobierno federal hace oídos sordos a las propuestas de la sociedad, con los terribles costos que representa para los mexicanos que aún siguen sin esperanza sobre lo que puede deparar el futuro.

REDUCCIÓN
El gobernador del estado, Miguel Márquez, anunció ayer que se bajaría el sueldo un 16 por ciento, para dar un paso más en las medidas de austeridad que anunció la semana pasada durante una reunión con los medios de comunicación en Guanajuato capital.

En el encuentro ratificó y anunció con más detalle, algunas de las medidas de su plan de austeridad y explicó que se ha caracterizado por ser un gobernador austero, no populista, vacunando las posibles críticas de la oposición por el porcentaje que reduciría su ingreso en su papel como titular del Poder Ejecutivo

De acuerdo con el presupuesto de egresos 2017, el gobernador del estado tendría una remuneración integrada unitaria de 2 millones 537 mil 429 pesos con 40 centavos y no es el funcionario estatal que más gana porque hay otros poderes donde se paga mejor por la función que se desempeña.

La medida de reducir el sueldo se extiende también a todos su gabinete, un 8 por ciento a los secretarios y subsecretarios, por lo que seguramente habrá un ahorro significativo para las arcas públicas y que será mayor en la medida que los otros poderes se sumen a este llamado a la austeridad, independientemente del porcentaje que se elija de manera autónoma por cada uno de ellos.

Por ejemplo, antes del anuncio del gobernador, el secretario de Desarrollo Social y Humano o el secretario de Turismo ganarían 1 millón 718 mil 374 pesos con 56 centavos o el secretario de Finanzas, Inversión y Administración o el de Seguridad Pública del Estado ganarían anualmente 2 millones 129 mil 105 pesos con 64 centavos. Pero ahora habrá que quitarle un 8 por ciento.

En el caso de un diputado se lleva cada año 2 millones 129 mil 105 pesos con 64 centavos como percepción anual; un auditor general y un secretario general ganan 1 millón 718 mil 374 pesos con 44 centavos; un director general gana 1 millón 349 mil 762 pesos con 40 centavos mientras que un director A se lleva 1 millón 169 mil 784 pesos o un contralor interno 1 millón 61 mil 415 pesos con 48 centavos. Ellos no han dicho de cuánto sería su baja al sueldo.

En el caso del presidente del Supremo Tribunal de Justicia tiene una percepción anual de 2 millones 438 mil 324 pesos con 40 centavos; un consejero y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 2 millones 129 mil 106 pesos; un secretario general del Consejo o del Supremo Tribunal de Justicia 1 millón 525 mil 682 pesos con 16 centavos.

Mientras que un director de Administración o un Juez de Impugnaciones se llevan cada año 1 millón 349 mil 762 pesos con 64 centavos y un contralor o coordinador de seguridad institucional junto con un director de asuntos jurídicos o de servicios de apoyo alrededor de 1 millón 169 mil 784 pesos con 48 centavos. El Poder Judicial ya anunció medidas de austeridad que irían en el mismo sentido de lo planteado por el Poder Ejecutivo aunque falta la precisión sobre el porcentaje.

Si a estos funcionarios se les aplica una reducción de 10 o 15 por ciento, seguramente se tendrían mayores recursos para otros programas que son prioritarios para los ciudadanos, además de que el ejercicio permitiría ajustar a la realidad económica que se vivirá este año.

Finalmente, Miguel Márquez aseguró que no habrá incremento en los impuestos en lo que resta de la administración ni más aumentos a la deuda pública, lo que sumado a los ahorros de otras medidas de austeridad, permitirá mantener la inversión social que será fundamental en una economía con bajo desempeño para 2017.

INDEFENDIBLE
Los que se han visto lentos en la defensa del nuevo Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar son los priístas en Guanajuato, porque seguramente saben el costo político que tendrá para su partido la aplicación del alza a las gasolinas y que prácticamente los dejó fuera de la competencia electoral para el 2018.

Apenas este martes, un día después de que se firmó el Acuerdo presidencial con algunos sectores que sí aceptaron ir a la foto oficial, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI reafirmó el apoyo a la decisión de Enrique Peña Nieto. Los tricolores ya vivieron en carne propia las malas decisiones del gobierno federal y su impacto electoral, pues en 2016 perdieron 7 de las 12 gubernaturas que se disputaron por el malestar social contra el gobierno que encabezan.

El PRI insiste en atribuir el alza en el precio de los combustibles al contexto internacional cuando hasta el propio representante de la OCDE y exsecretario de Hacienda, José Ángel Gurría, criticó la medida por extemporánea, al no haber sido aplicada cuando los precios internacionales del petróleo estaban en su nivel más bajo y aun reconociendo que es necesario eliminar ese tipo de subsidios que distorsionan la economía.

La idea de que el gobierno se aprieta el cinturón con la medida, que ejerza los recursos con transparencia y castigue los actos de corrupción también es una verdad a medias porque a pesar de las denuncias contra exgobernadores de ese partido, no ha pasado nada que castigue la impunidad de los priístas aunque hayan sido expulsados del instituto político.

Respecto al pronunciamiento de que el PRI está a favor del diálogo abierto, crítico y propositivo tampoco es creíble, al menos para los empresarios afiliados a la Coparmex en el país, porque recibieron dos horas antes de la firma el documento de buenos propósitos que no van a resolver el problema de fondo: la falta de liderazgo y credibilidad en el régimen de gobierno.

Y a esto hay que agregar la propia inconformidad en algunos estados donde el PRI es gobierno, porque hay voces dentro del partido que están a favor de buscar otras alternativas que no castiguen la deteriorada economía de las familias.

Esta medida que causó malestar social se verá reflejada en 2018 cuando los ciudadanos vuelvan a castigar a ese partido por los magros resultados entregados de su gestión, aseguran por mientras los partidos de oposición.