BATALLA
Tal y como se anticipaba respecto al proyecto de la presa de El Zapotillo y el acueducto para traer agua a León, que sigue detenido inexplicablemente, y a unos meses de que arranquen los procesos electorales del 2018, el alcalde de Guadalajara Enrique Alfaro, agarró la bandera de la defensa por el agua para Jalisco y será uno de los ejes centrales de su oferta política allá para su búsqueda por la gubernatura.

En Guanajuato, las autoridades siguen en espera que la Comisión Nacional del Agua les abra un espacio para exponer la problemática que enfrenta el proyecto luego de que un funcionario de la dependencia federal dijo en el Centro Fox que el retraso era responsabilidad del gobierno estatal y municipal, afirmación que fue refutada por el propio gobernador Miguel Márquez quien señaló que era imprecisa e inoportuna porque se faltaba a la verdad.

Es posible que esta semana se lleve a cabo la reunión entre el gobernador Miguel Márquez, el alcalde Héctor López Santillana, quienes irán acompañados por los equipos técnicos de la Comisión Estatal del Agua y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

Uno de los puntos centrales en la agenda de las autoridades locales y federales es determinar cuáles son las acciones que se requieren para sacar adelante el proyecto, que está detenido desde hace varios meses y cuya meta de traer el agua a León en 2018, no será cumplida. Lo anterior, a pesar de que se asegura que la concesionaria salió de los problemas financieros que tenía con una filial de capital extranjero.

Mientras eso sucede, el alcalde de Guadalajara ha intensificado su activismo político en defensa del agua para Jalisco, ya lo habían dejado ver meses antes en diversas intervenciones públicas y recientemente se apareció en uno de estos municipios cercanos a León para empezar a hacer proselitismo a favor de cancelar el proyecto.

Incluso, de manera frontal ha cuestionado al diputado federal Ricardo Sheffield, exalcalde de León, que ha señalado la falta de información de la Comisión Nacional del Agua sobre el avance del proyecto y la solvencia que tiene la empresa concesionaria para seguir al frente del proyecto.

Según el alcalde Enrique Alfaro, el agua de Jalisco es para Guadalajara y los municipios de los Altos, y el exalcalde de León ha refutado su afirmación al explicar que el agua es de la nación y que hay un acuerdo que compromete la entrega del recurso a esta ciudad.

El propio alcalde de la capital de Jalisco ha fortalecido sus lazos con las organizaciones no gubernamentales que se oponen al proyecto de El Zapotillo y la construcción del acueducto, quienes incluso despliegan su activismo en León.

El punto central de sus argumentos, es que se hizo mal la distribución del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago; que la construcción de la presa El Zapotillo era innecesaria; que los leoneses y aleteos pagarán tarifas de agua y tratamiento más elevadas; que SAPAL no cuenta con una real participación social sino que únicamente están representados los intereses de los sectores económicos que requieren agua para sus proyectos; que la industria automotriz absorberá el agua de la ciudad; que la ciudad no hace un uso sustentable de sus fuentes de abastecimiento local, entre otros que son verdades a medias.

Esta semana, las organizaciones sociales que se oponen al proyecto de traer el agua a León hicieron una conferencia de prensa para ratificar su desacuerdo sobre el proyecto y los impactos sociales que tendría para los municipios ubicados en los Altos de Jalisco, si continúa la construcción del acueducto.

En León, el sistema operador del agua potable ni siquiera abre la información a los ciudadanos sobre los avances del proyecto, mucho menos tiene capacidad de activar el pesado aparato burocrático que dispone para contrarrestar esta campaña de desinformación que con fines políticos encabezan personajes como el alcalde de Guadalajara, que va con todo contra el proyecto en su lucha por sumar voluntades a favor de su candidatura a la gubernatura de Jalisco, o para hacer contrapeso a las versiones a medias que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil de aquella entidad.

Lo más lamentable es que en Jalisco hay intereses que han colocado el tema en la agenda política del 2018 y siembran la versión de que los leoneses van a dejarlos sin agua. Éste conflicto puede escalar a otros niveles mientras no se informe con claridad cuál es la situación real que enfrenta el proyecto, a medida que pasan los meses y se acercan las elecciones, el tema tendrá mayor resonancia en ambos estados.

Jalisco y Guanajuato no pueden acabar con una confrontación por el agua, a menos de que el gobierno federal pretenda que esa es la vía para descarrilar al gobierno panista local en 2018, aunque tendría que pagar las consecuencias de esta irresponsabilidad con la caída del PRI en esa entidad porque Enrique Alfaro ya se montó al tema y va a lucrar políticamente con ello, lo más que se pueda.

RECOMPOSICIÓN
La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia hizo un llamado a la unidad a los distintos actores políticos, económicos y sociales para contribuir a la recomposición de la seguridad en esta ciudad, después de que se acordaron los últimos detalles entre el organismo y las autoridades para la puesta en marcha del Fideicomiso de Seguridad.

Rocío Naveja, la presidenta de la Mesa, detalló los acuerdos que alcanzaron los integrantes del organismo con las autoridades federales, estatales y municipales que concurrieron a la sesión del mes de marzo; el primero y más importante fue el acuerdo para mantener el trabajo conjunto entre autoridades, padres de familia, asociaciones civiles, universidades, cámaras empresariales, colegios de profesionistas entre otros que concurren en esta mecanismo de participación social.

El tema central es la reconstrucción de la seguridad a partir de acciones que atiendan los problemas desde la raíz de la inseguridad y no únicamente las consecuencias a través de la compra de más patrullas y la contratación de más policías. Para ello se requieren nuevas estrategias que contemplen la atención de temas relacionados con el empleo, la educación, la salud y la infraestructura social.

Sobresale la voluntad política expresada por las autoridades estatales y municipales para apoyar las iniciativas que vengan de la sociedad civil, aunque está por verse que esto se traduzca en acciones concretas para revertir la incidencia delictiva que se vive en la ciudad, y que se agravó en 2017.

En mayo se deberán tener listos los proyectos que van a arrancar con el Fideicomiso, cuyo patrimonio va a estar destinado a cubrir los programas y acciones encaminados a mejorar las condiciones de seguridad y fomentar una mayor participación de las sociedad.

Los tres ejes que propuso la sociedad en esta Mesa de Seguridad y Justicia son la creación de un modelo de gestión social que atenderá las adicciones, la violencia familiar y que apostará al diseño y operación de un modelo de colonia con participación ciudadana bajo el esquema de barrio seguro. El segundo es la creación de la dirección de capital humano dentro de la Secretaría de Seguridad Pública para generar proyectos de vida a los policías y sus familias y la creación de una unidad de inteligencia en seguridad, lo cual no tiene que ver con la compra de equipo tecnológico.

La presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia de León también ya dejó claro cuál es el papel de los ciudadanos en el manejo de los 100 millones que tendrá el fideicomiso para que no quede ninguna duda sobre su aplicación y la responsabilidad que tienen las autoridades de una buena aplicación de los mismos, así como aclaró que las aportaciones que se sumen al mecanismo serán de la sociedad en general no únicamente del sector empresarial.

A pesar de los intentos por boicotear el desarrollo del fideicomiso, a un año de la creación de la Mesa se tiene ya un avance significativo en la definición de los proyectos que vendrían a fortalecer la seguridad pública en la ciudad. Ojalá que los responsables de seguridad en el municipio entiendan y tengan la capacidad de sumarse a esta iniciativa ciudadana por el bien de ellos y de todos los ciudadanos.

COMBUSTIBLES
Los dueños de las unidades de transporte público de León hicieron este fin de semana una denuncia que deberían atender las autoridades federales respecto a la oferta que hacen grupos de la delincuencia, vía telefónica, para vender combustible por debajo del costo que tiene en el mercado legal.

Hace unas semanas se descubrió que la delincuencia organizada robó una unidad de transporte público y la adaptó para el transporte de combustibles robados a PEMEX, situación que se descubrió cuando el vehículo chocó en un tramo entre León y San Francisco del Rincón. Afortunadamente, los transportistas ya habían hecho la denuncia del robo ante el Ministerio Público, lo que evitó que fueran señalados de traficar con el combustible de extracción ilícita para sus unidades.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en esta administración se han realizado operativos estatales que han permitido el decomiso de 2,8 millones de litros de combustible robado de ductos de PEMEX; se han descubierto casi 500 tomas clandestinas y se han decomisado 527 vehículos usados en robo de combustible, la mayoría robados en estados circunvecinos.

Las autoridades estatales no se explican las razones por las cuales PEMEX y los cuerpos de seguridad federales no han profundizado en sus investigaciones dentro de las instalaciones, únicamente cuando se detecta fuera de la refinería de Salamanca se logra recuperar el combustible y las unidades utilizadas por la delincuencia, en los operativos contra el robo de hidrocarburos.

Tampoco hay una explicación formal de las razones por las que no se han extendido las medidas de inteligencia a las empresas que compran, por debajo del precio del mercado, los combustibles a pesar de que tienen meses con investigaciones en curso.

Los transportistas de la ciudad están muy preocupados por esta situación, haber rechazado la oferta de comprar los litros de combustible a 10 pesos el litro con todo y factura, porque es un negocio estructurado e intervienen muchos actores desde el robó de los hidrocarburos, transportarlos y ponerlos a disposición de las empresas que consumen millones de litros al año sin que las autoridades federales y los directivos de PEMEX contengan este problema y menos vayan a poner atención a la denuncia.