El alcalde Héctor López Santillana hizo este lunes algunas definiciones importantes respecto al tema de las protestas por el alza al transporte público de la ciudad, que serán aterrizadas en breve para dar una salida viable a los conflictos que escalaron durante la primer semana de enero.

En primer lugar, aceptó la propuesta de integrar a la sociedad en los trabajos de revisión del cumplimiento de los compromisos asumidos por los concesionarios del transporte público, para aterrizar las acciones que permitan mejorar el servicio que se otorga a los usuarios.

Hay que recordar que los empresarios transportistas firmaron un acuerdo para que se mejore el servicio a los 800 mil usuarios diarios que tiene el sistema de transporte, y que cada vez que solicitan un aumento a la tarifa se firma, pero luego nadie sabe qué porcentaje de los compromisos se cumplieron y cuáles no, lo que impide aplicar sanciones a quienes no atienden los acuerdos contraídos.

El alcalde explicó que hasta ahora, ha recibido tres propuestas de la sociedad para dar seguimiento puntual al cumplimiento de los acuerdos, del Consejo Coordinador Empresarial de León, cuya propuesta detallamos ayer en este espacio; de los comités de colonos que entregaron directamente a las autoridades su propuesta y otra que analiza el Consejo Ciudadano de Contraloría Social, que asumió formalmente sus funciones en diciembre.

Las autoridades municipales van a integrar un solo mecanismo de supervisión del cumplimiento de los compromisos de los transportistas, aunque hay dos temas inmediatos que deberán ser definidos antes de que la ola de protestas crezca. Los propios concesionarios están a favor de la creación de este mecanismo de supervisión.

Lo primero es determinar quiénes serán responsables de ésta tarea a partir de las tres propuestas que ya tiene el alcalde, junto con los mecanismos que permitan incluir a los propios usuarios del servicio, aunado con las atribuciones legales que tendrán para que no quede en un simple consejo más, como los tantos que existen en la ciudad.

En segundo, es iniciar con un plan de trabajo definido, donde la tarea inmediata será la aplicación de una auditoría integral del servicio, junto con el análisis económico de lo que genera el transporte público, porque son dos aspectos fundamentales que van a permitir a los ciudadanos clarificar si el servicio que se otorga vale el precio que se cobra o si las ganancias que tienen los transportistas están fuera de toda proporción o ajustados a la nueva realidad que vive el país.

No hay que olvidar que según las cuentas que hizo el PRI, los dos pesos de aumento a la tarifa de pago en efectivo, más los ajustes a la tarifa preferencial y de pago con tarjeta PagoBus, generarían a los transportistas alrededor de 460 millones de pesos más por año.

La segunda definición que hizo el alcalde, es que el ajuste a la tarifa del transporte público difícilmente bajará como lo piden los usuarios, debido a que hay factores macroeconómicos que inciden en su encarecimiento como es el precio de los combustibles.

Es decir, que los usuarios no verán una reducción significativa en la tarifa porque no hay una baja en el precio de la gasolina y diésel, el principal insumo empleado por la red de transporte público de la ciudad. Mientras el gobierno federal no ceda en la fórmula para ajustar el precio de los combustibles no habría ninguna baja de tarifas.

Finalmente, reconoció que en las manifestaciones realizadas por diversas organizaciones sociales no ha habido daño a la infraestructura pública y que no harían ninguna denuncia penal, como se mencionó la semana pasada, porque hasta ahora han sido los transportistas los únicos que han resentido daños y ya presentaron sus denuncias ante las autoridades correspondientes.

En este mismo asunto, señaló que la Dirección de Movilidad junto con el área jurídica del municipio, darán respuesta al oficio que presentó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos relacionados con la libre expresión y presunción de inocencia de los activistas señalados como incitadores a la violencia y de los detenidos en los operativos policíacos la semana pasada.

Aceptó finalmente, que no le toca criminalizar a los manifestantes sino que habrá otros órganos jurisdiccionales quienes revisen el caso, y que en su caso, solo le corresponde cuidar que se respete la ley y no acusar, como se hizo la semana pasada de manera pública, a dos de los líderes del movimiento de la oposición al alza al transporte público de incitar a la violencia y actos de vandalismo.

DESCONFIANZA
Los “Compromisos del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” que presentó ayer el Gobierno de la República junto con los sectores que accedieron a su firma, no generó confianza suficiente entre los ciudadanos que observan un vacío de liderazgo de sus autoridades, mientras se extiende la ola de inconformidad y protestas por todo el país.

La primera mentira del Acuerdo, fue que surgió de un intenso y constructivo diálogo con los sectores para proteger la economía nacional, en especial de las familias que se han visto afectadas por las recientes medidas de política económica que ha aplicado el gobierno federal, en especial con el tema de aumento a las gasolinas. La Coparmex que tiene la representatividad de los organismos del sector patronal no lo firmó porque argumentó que se lo entregaron dos horas antes de la firma.

La segunda interrogante de los analistas financieros, es que el ajuste al precio de las gasolinas es derivado de un mal manejo de los recursos públicos, más que los propios ajustes de los precios internacionales de los energéticos.

Hasta ahora, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Meade Kuribreña no ha dado una explicación convincente a los ciudadanos mexicanos sobre qué otras alternativas había antes de recurrir a la vía fácil de incrementar la gasolina, que incluye el recorte del pesado aparato gubernamental y la corrupción derivada de un régimen que ha sido acusado hasta el cansancio de promoverla.

Basta ver la cara de incredulidad los gobernadores que acudieron este lunes a la reunión de las Comisiones de Hacienda y Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para explicar la flexibilización del mercado de las gasolinas, a pesar de que son beneficiados del reparto millonario de recursos que se captan por esta vía impositiva.

Otra de las mentiras del Acuerdo es que va a contener los aumentos injustificados en los precios de bienes y servicios, en especial de la canasta básica, porque la devaluación de casi un 20 por ciento que registró el peso el año pasado, más lo que se acumule en 2017, va a ser un factor que haga que los consumidores pierdan su capacidad de compra. Sin olvidar que una gran parte de alimentos se importan y que tendrán un encarecimiento por un dólar caro.

La frase dirigida a las amas de casa, jefas de familia, al comerciante, al estudiante, al trabajador y pequeño empresario de que para el gobierno federal es una prioridad proteger su empleo, ingreso y gasto tampoco es creíble, porque México entró a una fase de contracción económica que podría acabar en otra crisis como las que el régimen del PRI recetaba cada sexenio a los mexicanos que perdían la oportunidad de ir a estudiar, de encontrar trabajo, de alimentarse bien, de cuidar su salud, de proteger su patrimonio y de salvaguardar sus ahorros. El poder adquisitivo se esfumó y el alza a las gasolinas vino a convertirse en un tiro de gracia a una deteriorada economía familiar.

También es falso que las finanzas públicas estén sanas, porque el enorme endeudamiento y el encarecimiento de las tasas de interés van a provocar que se pague más por el irresponsable endeudamiento del gobierno federal, estatal y municipal. Las notas negativas de las calificadoras internacionales van a encarecer el crédito y mantendrán la fuga de inversión y capitales.

La supuesta austeridad que ofrecen los gobernantes es una vacilada frente a las carencias de la población; las reducciones al gasto público que ofrecen son insignificantes frente al oneroso gasto que representa mantener los privilegios de una burocracia poco productiva y que cada año se lleva millonarios recursos en prestaciones que no se justifican en la realidad económica que vive la mayoría de la población.

Y finalmente, ante la promesa de hacer valer el estado de Derecho, la incredulidad de los ciudadanos sigue firme mientras no se castiguen los abusos y robos de tanto político corrupto por acción y omisión, lo que tiene hoy al país al borde de otra década perdida, con las terribles consecuencias que va a acarrear para todos.

REBELIÓN
La Coparmex nacional sorprendió ayer con su decisión de no firmar los Compromisos del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que convocó el gobierno federal y explicó claramente sus argumentos a los centros patronales, y en el caso de León, este martes se hará un posicionamiento oficial al respecto.

La explicación general de Coparmex es que apenas el pasado 6 de enero, después de las movilizaciones y protestas por el gasolinazo, el gobierno federal propuso a los empresarios afiliados al CCE, suscribir un acuerdo para presentarlo este lunes ante la opinión pública; los empresarios recibieron dos horas antes el documento final que sería firmado.

Los 65 centros patronales afiliados a Coparmex nacional no encontraron una estructura y contenido dentro del acuerdo que pudiera ser validado, porque un consenso no se puede construir en tres días, a menos de que solo sirva como una estrategia para levantar la imagen pública de un gobierno que perdió la credibilidad hace muchos meses.

Se agrega que el Acuerdo propuesto por el gobierno federal carece de metas claras para evaluar sus avances, solo son una lista de acciones, además de que debería de mostrar compromisos específicos, no lo hizo, sobre cómo manejará el presupuesto y lo aplicará de manera más eficiente, además de transparentar su ejercicio para corregir o castigar el mal uso. Además de que sus alcances son muy limitados.

La postura de Coparmex es bastante clara, no están en contra del gobierno ni de quienes sí aceptaron, con dos horas de anticipación a su presentación, suscribirlo. Lo que se necesita es un acuerdo inclusivo y que sea producto de la reflexión y consenso social, pero al parecer al gobierno federal le ganaron las prisas ante la enorme presión que tiene de dar respuestas más contundentes a la crisis de credibilidad que vive.

El presidente de Coparmex que asumió la decisión histórica de no firmar el Acuerdo es Gustavo de Hoyos Walther, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, y ha sido presidente del Centro Empresarial de Mexicali siendo integrante de la Comisión Ejecutiva del organismo patronal en la última década. Ojalá algunos empresarios locales le aprendan y dejen de ser paleros del gobierno en turno para asumir la verdadera representatividad de sus agremiados.