La causa que pretendía ser ejemplar por parte de las autoridades municipales y ministeriales contra el vandalismo, daños y saqueo del 4 de enero en el centro comercial de Walmart, se cayó una vez expuesto a la autoridad judicial: en el caso de diez imputados de robo calificado y daños causados en pandilla, nueve de diez detenidos fueron liberados sin vinculación a proceso penal y uno solo quedó vinculado, pero sólo por una modalidad agravada de daños, y de todos modos salió en libertad por una omisión ministerial.
Es la causa penal iniciada con la detención de 43 personas hecha por autoridades municipales en la plaza mencionada, donde Walmart resintió daños en sus cortinas metálicas y banco Santander registró daños en sus cristales, en dos cajeros automáticos y robo de computadoras y otros aparatos.
Esas detenciones fueron anunciadas de inmediato por las autoridades municipales, y luego la Procuraduría anunció el ejercicio de la acción penal contra los 43 detenidos, si bien 23 menores de edad y un adulto habían sido liberados mientras continuaban las investigaciones.

AUSENCIA

El Ministerio Público del fuero común dio fe de daños materiales causados en esa ocasión a Walmart, en dos cortinas metálicas que los vándalos pretendieron abrir y en las oficinas de Banca Santander, contigua al supermercado, donde hubo daños y saqueo, según la denuncia presentada por esa institución bancaria.
Pero una vez que el Ministerio Público ejercitó acción penal contra todos los detenidos, sólo lo hizo por un agraviado: Banca Santander. Walmart no aparece más que en referencias involuntarias de los fiscales comisionados para presentar la causa penal ante el juez de control, Jorge Alberto Servín Manrique, quien dicho sea de paso, se desempeñó como un juez metódico, exigente y preciso.
El ejercicio de la acción penal no incluye a Walmart, aunque resintió daños, y el Ministerio Público no ha explicado públicamente por qué esa omisión, si es atribuible a sus fiscales o a la empresa en sí.

PRIMER ROUND: PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
En una audiencia que se prolongó hasta el 7 de enero, y durante cuyo desahogo el juez negó pretensiones del Ministerio Público como exhibir videograbaciones de los hechos de ambas empresas agraviadas, concedió a la causa ministerial el calificar de legal la detención.
Un total de 19 detenidos quedaron a expensas de que el Ministerio Público les formulara entonces imputación por los cargos de robo calificado y daños cometidos en pandilla, y solicitara, además, prisión preventiva para ellos.
Pero del total de imputados, diez, representados por la Defensoría Pública, pudieron que les resolvieran su situación jurídica dentro del término constitucional de 72 horas. Ellos fueron los que asistieron este lunes a dicha audiencia.
Los otros nueve, solicitaron ampliación del término constitucional a 144 horas y su audiencia será desahogada este miércoles 11 de enero.

CASI TODO SE DERRUMBÓ
La audiencia de formulación de imputación de este lunes, se abrió para resolver la situación de los detenidos Cristian Rafael n, Cristian Israel n, Julio César n, Antonio n, Gonzalo n, José Rosario n, Óscar Javier n, Juan José n, César Eduardo n y Víctor Francisco n.
A todos el Ministerio Público les imputó haber acudido al centro comercial con ánimo de saqueo, como lo anunciaba una convocatoria publicada previamente en redes sociales con fecha y hora.
Les imputó haber participado con dolo en la violencia que se desató contra las dos empresas, en el saqueo registrado en las oficinas del Banco Santander, así como en violencia ejercida contra policías preventivos.
Refirió ocho videograbaciones de seguridad en que, dijo, aparecen todos.
Solicitó que fueran vinculados a proceso penal y les impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Un solo defensor público, que representó a los diez imputados, argumentó contra la causa del Ministerio Público y señaló que los detenidos estuvieron en la zona por razones diferentes y que fueron detenidos porque estaban en la zona, no porque estuvieran participando en la violencia ni porque hubiesen respondido a la publicación que convocaba al saqueo.
Finalmente el juez Servín Manrique, hizo una valoración de los hechos expuestos por las partes, de la presencia de los detenidos en la zona y de las pretensiones Ministeriales.

CON PERAS Y MANZANAS
El juez Servín Manriquez negó la vinculación a proceso penal contra nueve imputados y ordenó que fueran liberados: Fueron detenidos en un lugar público, al que acudieron por diferentes motivos, no necesariamente relacionados con la manifestación, dijo el juzgador.
El Ministerio Público no aportó datos de prueba en el sentido de que ellos hubiesen publicado la convocatoria al saqueo o de que hubiesen acudido con ese ánimo.
Uno de ellos había acudido al Banco Bancomer, en la misma plaza y se disponía a comprar juguetes para sus hijos en Walmart (ejemplificó el juez).
Contra ninguno hay señalamientos directos de que hubiesen participado en los daños o el robo, sino sólo señalamientos policiales de su presencia en la zona y las imágenes que comprueban esa presencia.
Así no puede presumirse siquiera que estuvieran involucrados en la comisión de delitos que fueron cometidos. Eso sí lo probó el Ministerio Público: Robo calificado y daños causados en pandilla.

PERO NI SIQUIERA EL DÉCIMO IMPUTADO
El juez sólo decretó vinculación a proceso penal contra Víctor Francisco n, un hombre con empleo, cabeza de familia y domicilio en León.
Él aparece en las videograbaciones armado con palos y piedras y participando en agresiones contra policías y los daños, pero… No pudo participar en el robo de computadoras y aparatos que registró el banco: es materialmente imposible que, si fue detenido mientras se causaban los daños, hubiese incurrido en el robo, resolvió el juez. De esa manera, resolvió sólo vincularlo a proceso penal por el delito de daños causados en pandilla.

LA CEREZA AMARGA DEL PASTEL
Ante esa victoria, al menos, el fiscal Víctor Jesús Ruteaga solicitó prisión preventiva contra el imputado, Víctor Francisco n, bajo el argumento de que representa un peligro para la sociedad dada la conducta delictiva que le es imputada.
Pero ni eso. El juez denegó la petición, que la prisión preventiva ni está contemplada para la falta cometida ni es proporcional a la misma, de manera que abrió la posibilidad de que la parte acusadora solicitara otra medida cautelar contra Víctor Francisco, pero ya ninguno de los dos fiscales lo hizo.
En su resolución final, el juez lo señaló expresamente: como nadie solicitó medida cautelar contra Víctor Francisco n, no se le impone ninguna, y se ordena su libertad.
Eso sí, concedió al Ministerio Público cuatro meses para que culmine su investigación complementaria contra el único vinculado hasta ahora, por los desmanes del 4 de enero, a proceso penal.
De los menores de edad que habían sido detenidos también, ninguna información han hecho pública las autoridades involucradas.